Los Municipios de Oposición, cantera para un Gobierno Democrático en Cuba.
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Demanda Social por la crítica del transporte e infraestructura vial en el municipio de Gibara

A: Presidente Municipal del Poder Popular Gibara
    Nercy Fernández Sarmiento

De: Municipios de Oposición Gibara

El transporte, principalmente el público, es una responsabilidad del gobierno. No existe justificación alguna, para un régimen de control económico y social centralizado, el mal funcionamiento de su gestión. Y peor aún, sería culpar a alguien de la ineficiente gestión, cuando el Partido-Estado son los órganos rectores de la sociedad cubana. Ante esta realidad el Municipio de Oposición de Gibara se ve obligado a entablar la presenta demanda, producto de la crisis que enfrenta el transporte y las infraestructuras viales en nuestra localidad.

Resumen:

La crisis del Gobierno cubano a raíz del derrumbe del campo socialista obligó a que el Estado se desentendiera de una responsabilidad que venía desempañado  por años, incluida la operación del transporte. Una economía que presumía de la superioridad del Estado en la administración de los bienes y servicios se vio obligada a dejar en manos de la iniciativa privada la ejecución del trasporte público, a pesar de no contar con recursos económicos y parques de equipos necesarios y adecuados.

Ante este reto, se reconstruyeron y adaptaron cientos de vehículos obsoletos con más de cuarenta años de fabricación. También se incorporaron a esta gestión de servicios de pasajeros cientos de coches tirados por animales. Sin embargo, con todas sus limitaciones, la gestión privada mejoró el servicio de transporte público a niveles que el propio Estado nunca logró.

Sin embargo, el Gobierno decidió desentenderse de la gestión del transporte, pero no abandonó el monopolio de la importación y explotación de vehículos nuevos. No se le otorgó al sector privado la autonomía de importar nuevos equipos.

Introducción:

La medida de poner tarifas al pasaje, sin tener en cuenta los costos de operación, son arbitrarias e irracionales. Si se obliga, circunstancialmente, al sector privado ocuparse de la transportación pública, debe aceptarse como válida la ley del mercado, con su reglas de oferta y demanda.

Si el sector privado, en la actividad de transportación de pasajeros, tiene la mayor participación y con ello ha logrado la acumulación de capital, nada más lógico y razonable que tenga la prerrogativa de importar equipos nuevos.

La utilización de equipos que han tenido que pasar por reconversiones y adaptaciones sin la más mínima evaluación y certificación técnica hace de esos equipos responsables de múltiples accidentes.

La limitación en su capacidad de ingreso de los operadores privados hará colapsar el transporte público, ya que el Estado no está en condiciones de retomar la gestión de transportación de pasajeros. No cuenta con los equipos necesarios y ya se conoce de lo ineficiente que es la administración estatal, y la actividad del transporte no escapa a la negligencia y desvío de recursos de los funcionarios gubernamentales.


Antecedentes Históricos:

El sector de transporte  de pasajeros en Cuba es uno de los que más ineficiencia ha acumulado durante tantos años. Las cosas ni siquiera funcionaron bien en la época de la abundancia, cuando la ayuda soviética se contaba por miles de millones y el petróleo se pagaba con azúcar a precios deslizantes.

En el 2009 se gastaron 180 millones de dólares en buses  con la intención de satisfacer el 85 por ciento de la demanda, es decir, transportar más de 3,5 millones de pasajeros al día. Fue una de las tantas promesas incumplidas.

Basándonos en la historia  del último medio siglo, hay que aceptar que el Ministerio difícilmente pueda organizar bien el transporte ahora, si no fue capaz de hacerlo cuando tenían todos los buses “socialistas” que necesitaban y la asesoría francesa, una de las más capacitadas.

En épocas mucho más recientes, se compró cientos de buses en China pero el ministerio solicitó que tuvieran motores Caterpillar, de procedencia norteamericana. Muchos de estos vehículos están parados hoy por falta de piezas de repuesto.

Las autoridades del ramo no han sido capaces tampoco de organizar mínimamente el transporte privado de pasajeros. Hay cientos de vehículos operando en un lamentable estado técnico. Los fallos técnicos en estos automóviles son muy comunes, por la adaptación de piezas, y porque pasan la revisión anual pagando para que los inspectores “no vean” los desperfectos.

Los coches de caballos son el principal transporte en muchas de las capitales provinciales y pueblos. En muchas ciudades del país, mueven más pasajeros los carretones con caballos, que los escasos buses del Estado.

Los gobiernos locales los apabullan de normas poco lógicas y exigen a los inspectores el cumplimiento de un determinado número de multas o dinero a recaudar por mes. La situación ya ha provocado huelgas y protestas en Bayamo, Santa Clara, Cárdenas, Cienfuegos y otras más.

En el 2012 un viceministro del transporte aseguró: “estamos trabajando en muchas cosas novedosas, pero no adelanto nada, porque la gente no se merece que estemos anunciando cosas que por una razón u otra después no se materialicen”. Cuatro años después podemos confirmar que hizo bien en no anunciar esas mejoras.


Fundamentación:

La imposición de nuevas tarifas al transporte público, requiere un análisis más profundo para su determinación. No se pueden hacer desde decisiones políticas, sin basamento económico. Tienen que tenerse en cuanta las variables para la formación de precios, partiendo de que no hay un mercado oficial que garantice precios estables y regulados, sino que el sector privado se nutre del mercado informal, que está condicionado a múltiples factores. Y en algunos renglones, como el petróleo, el precio en los establecimientos estatales no se corresponde con el costo apropiado para esa actividad de transportación de pasajeros. Además hay que agregar todos los impositivos que no se ajustan a una realidad económica y si se ajustan las tarifas, sería lógico que se ajusten en igual medida los impuestos.

Analizaremos a continuación algunos casos específicos, aquí en el área de Velasco que ilustran esta realidad en todo el municipio.

Los cocheros que cubren la ruta de Velasco a La Púa, alrededor de 8 Km de distancia, de 5 pesos le impusieron una tarifa de 3 pesos. Y los que cubren la ruta de Velasco a Boca, de 10 pesos se la bajaron a 5. Todo esto, sin tener en cuenta el mal estado de la vía y el costo operacional de los coches.

En ese sentido cabe señalar, que no existe un mercado oficial para los insumos, por lo que 20 litros, aproximadamente, de miel de purga se cotiza en el mercado negro a 100 pesos. Un animal se come hasta tres litros diarios. Un solo animal consume aproximadamente 10 pesos de hierba diario (generalmente se utilizan tres animales). Herrar un caballo tiene un costo de alrededor de 90 pesos al mes. Los impuestos, por derecho a piquera, Seguro Social y la Patente suman 230 pesos mensuales. Todos estos se pueden considerar gastos fijos, mientras que los servicios veterinarios y medicamentos, aunque son eventuales, tienen un alto costo. El servicio estatal, como todo, la mayoría de las veces no cuenta con el servicio o los medicamentos, por lo que hay que recurrir a veterinarios privados que cobran altos precios.

A este análisis hay que añadir que el ingreso promedio de un cochero en las rutas mencionadas no sobre los 60 pesos diarios, con la tarifa anterior. Con la tarifa actual oscila entre 30 y 35 pesos diarios. Que descontados los gastos,  su trabajo está por debajo del salario mínimo mensual del país.

La situación de los camioneros es similar a los cocheros.  Les bajaron la tarifa del pasaje de 7 pesos a 3 pesos. Por tres pesos por persona tienen que realizar el viaje de Velasco a Holguín, una distancia de 27 Km y de Velasco a Jesús Menéndez (Chaparra) a 25 Km.

Sin embargo, el diésel como combustible, está a un dólar el litro en los servicentros   estatales. Se puede conseguir a menor precio en el mercado negro, pero se arriesgan a enfrentar multas de hasta 250 pesos y se les impide cargar en la piquera, si no muestran la factura del combustible. Las gomas (neumáticos) oscilan entre los dos mil y tres mil pesos, mientras una batería puede llegar a costar hasta 1500 pesos.

Sin embargo, tienen que pagar de Patente, Piquera Y Seguro Social 1000 pesos mensuales el dueño del camión, mientras el ayudante o cobrador paga 500 pesos de Patente. Sin contar que ha llegado una nueva Resolución por lo que tendrán que pagar un 5%  más. A todo eso se le suma los costos de mantenimiento y piezas.

Es bueno señalar que el concepto de economía estatal centralizada entra en contradicción con este esquema de transportación privada, ya que no cuentan con suministro de piezas de repuesto, neumáticos y baterías. Tampoco con talleres estatales que les presten servicios, por lo que tienen que recurrir a particulares y al mercado informal.

Considerando: Que el transporte de pasajeros es una necesidad social de la población, que a todo ciudadano se le garantice el libre movimiento y traslado, sin importar justificación alguna.

Considerando: Que es una responsabilidad del Gobierno cubano garantizar los mecanismos que permitan la transportación de pasajeros, ya sea por medio de particulares o en su defecto por las entidades estatales.

Considerando: Que si el gobierno ha decidido dejar en manos del sector privado la transportación de pasajero tiene que implementar una política coherente con su desarrollo.

Considerando: Que si el Estado no suministra los medios para la actividad del transporte privado y este sigue funcionando, es obvio que las entidades estatales están desviando los recursos, que casualmente administran los funcionarios del gobierno.

Considerando: Que no hay una relación entre los costos operacionales y la recaudación, acorde a las nuevas tarifas del transporte público.

Por tanto: Las autoridades competentes tienen que resolver las causas que afectan a la transportación de pasajeros.

Por tanto: El gobierno tiene que crear una infraestructura que responda a las necesidades de los que ejercen la actividad de transportación y establecer normas compatibles con las relaciones del mercado y los ingresos de la población. 

Por tanto: Debe establecerse una forma legal de adquirir los insumos a precios justos y razonables, sin tener que recurrir al mercado negro.

Por tanto: Si el transporte privado es el que garantiza la transportación de pasajeros, que se pongan a su disposición todos los recursos en sus manos, incluido la adquisición de parques nuevos de equipos.

Por tanto: Si se quiere mantener el servicio privado a los niveles actuales, que los transportistas no se vean obligados a abandonar el servicio a los pasajeros, deben ajustarse los impuestos o las tarifas de cobro.

 

Por todo lo antes expuesto;


Demandamos:
Se restituyan las tarifas anteriores, mientras se implementan otras medidas que den al traste con una compensación justa entre los gastos y los ingresos.

Demandamos: Que se haga un estudio de los impuestos y se establezcan medidas transitorias de rebajas hasta tanto las otras medidas o variables que inciden en los altos costos de operación sean resueltos.  

Demandamos: Que establezca un mercado justo para los transportistas privados, con talleres para mantenimiento, piezas y repuestos, ya que la mayoría extraen esas mismas piezas del sector estatal.

Demandamos: Que se valore la importación directa por parte del sector privado, bajo las mismas prerrogativas que se han expuesto para la importación de tractores desde los Estados Unidos.

Demandamos: Que se emprenda una reparación y reconstrucción agresiva de las vías, que evitaría el deterioro innecesario de los equipos y una gran parte de los accidentes que se producen por esa causa.

Y para que así conste firmamos la presente demanda los miembros del Municipio de Oposición de Gibara:

 

Yanara del Monte Fernández                               Frank Morales del Monte
Presidenta                                                       Comisionado de Información y Prensa                                                                                                                                   

Héctor Pérez Batista                                          Ana Rosa Tamayo Torres
Comisionado de Transporte                                 Comisionada de Derechos Humanos       

 

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